En el INEHRM
Realizarán el foro “El petróleo en México: historia, política,

economía y sociedad”

ï‚· Participan Javier Oliva Posadas, Anna Ribera Carbó y José Ortega
Lomelí
Con la participación de los doctores Javier Oliva Posadas, Anna Ribera Carbó y el
Maestro José Ortega Lomelí, se celebrará el foro “El petróleo en México: historia,
política, economía y sociedad” en la sede del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Francisco I. Madero, no. 1,
San Ángel. La cita es el miércoles 14 de marzo, a las 18 horas.
El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las
decisiones más importantes de su gobierno, al hacer valer los derechos de la
nación sobre el petróleo, tal y como lo establecía la Constitución de 1917. El
decreto de expropiación fue la culminación de una larga batalla entre las compañías
petroleras, en manos de empresarios estadunidenses, ingleses y holandeses, y el
Estado mexicano surgido de la Revolución.
Las empresas petroleras extranjeras se negaron a acatar el artículo 27
constitucional que restableció la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Con el
apoyo de sus gobiernos presionaron para que no se aplicara de forma retroactiva a
las concesiones otorgadas antes de 1917.
El poder económico y político de esas empresas y de sus gobiernos logró
frenar su aplicación con los acuerdos de Bucareli, suscritos por los gobiernos de
México y Estados Unidos en 1923, pero nunca ratificados por ninguno de los
Senados de ambos países.
La política nacionalista en el tema del petróleo continuó llevándose en la
práctica, como sucedió con los impuestos al petróleo con Plutarco Elías Calles y la
nacionalización hecha por Lázaro Cárdenas.

Por su trascendencia, recordamos aquí un fragmento del histórico mensaje
con el que el Presidente Cárdenas anunció la expropiación petrolera, el 18 de
marzo de 1938:
“La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el
mandato de Justicia Nacional (…) Impone al Ejecutivo de la Unión el deber de
buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite
definitivamente para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se
nulifiquen o pretendan nulificarse (…) Se trata de un caso evidente y claro que
obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a
las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo
quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por
haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las
instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria
petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la
economía general del país”.
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